El complejo escenario de Octavio Errázuriz
Los flancos que abre Piñera con embajador pinochetista en la ONU
El Presidente dijo en campaña que nadie vinculado a la dictadura ocuparía un cargo de primera línea. Aunque un embajador no integra el Comité Político, el representante en Naciones Unidas será la cara de Chile cuando el gobierno defienda su postura de defensa de los Derechos Humanos y deba negociar distintas resoluciones. Estos son los problemas y ventajas de un nombramiento polémico.
A mediados de los 70 Octavio Errázuriz Guilisasti, actual asesor de la presidencia de Copesa, fue secretario de la embajada en Washington. Chile era un tema ineludible en la agenda internacional: en octubre de 1975 Sergio Diez, representante de Pinochet en la ONU, negaba oficialmente que hubieran detenidos desaparecidos. Errázuriz fue secretario de la embajada. Un año después muere Orlando Letelier víctima de un auto bomba y Estados Unidos aprueba la “enmienda Kennedy” para cortar el suministro de armas a Chile.
El analista y ex diplomático José Rodríguez Elizondo explica la realidad del Servicio Exterior en los años de plena Guerra Fría: “En la época de Pinochet la única alternativa real para un diplomático no comprometido con la dictadura era acatar su destinación, con mayor o menor entusiasmo. La alternativa idealista o utópica, habría sido renunciar al servicio ejerciendo una peligrosa transparencia (‘no quiero ser embajador de un dictador’) o aduciendo un motivo menos peligroso para su salud. Obviamente, tal conducta se hizo impensable tras las ‘depuraciones’ masivas en el Servicio Exterior, que dispuso el gobernante por simples sospechas ideológicas”.
Entre el embajador y la agenda
Errázuriz se mantuvo en el cuerpo diplomático hasta el gobierno de Frei Ruíz – Tagle. Más de 30 años después vuelve a la ONU. Y si en los 80 su gran amigo fue James D. Therebege, el embajador de Ronald Reagan en Nicaragua y en Chile entre el ’82 y el ’85, hoy Errázuriz llega armado con las excelentes redes que cultivó en los países del Asia Pacífico donde estuvo destinado en los 90. Países en los que Chile tiene clientes de cobre y proveedores de gas entre otros muchos negocios, a los que están vinculados importantes empresarios como el clan Luksic
A la hora de las negociaciones de resoluciones en las que Chile esté metido, las relaciones personales y el respeto mutuo entre los embajadores sí importa.
Juan Emilio Cheyre, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, cree que estos vínculos son su principal ventaja para encabezar la misión en la ONU. “Es especialista en asuntos del Lejano Oriente, donde la comunidad Internacional ha puesto un importante foco y además es un diplomático de carrera muy profesional. Lo demás me parece una caricatura ideologizada que no corresponde”, dice.
El mando en la misión Chilena ante Naciones Unidas fue conferido después de que la Cancillería descartara a tiempo su nombramiento en Brasil, y así evitar un ceño fruncido en el gobierno de Lula, que pudiera negarle el agreement debido a sus credenciales anteriores.
Pero en la ONU, donde no se necesita una carta de aprobación, los códigos de la diplomacia igual funcionan y el pasado del embajador chileno al servicio de un gobierno que violó los derechos humanos, puede ser una buena plataforma de críticas para países como Cuba y Venezuela, atentos a la posición del gobierno de Piñera desde que éste tomara una postura muy clara frente a los Derechos Humanos en la Isla.
A mediados de marzo, Piñera junto a un grupo de senadores de la DC se pronunció respecto de Cuba: “El Gobierno de Chile va hacer lo que esté a su alcance para contribuir a que en Cuba se produzca un proceso de recuperación pacífica de la democracia y un pleno restablecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales”, fue la declaración oficial.
El imperio de las formas
Para un ex funcionario de la misión chilena en la ONU, una declaración como esta y la designación de Errázuriz representan una contradicción: “Si el embajador de Chile ante la ONU apoyó el régimen de Pinochet, en el cual se violaron los derechos humanos, la política de nuestro país en defensa de los derechos humanos sería criticada por el hecho de tener a un embajador de este tipo en el organismo. ¿Cómo defenderemos los derechos humanos en la ONU y ante el resto de países de América Latina, si nuestro representante no tiene un fuerte compromiso con ellos? Aunque hoy los tenga, el gobierno se abre un flanco de críticas”, asegura.
En diplomacia importan mucho los gestos, y las expresiones públicas de cada país aunque algunas veces no tengan relevancia política. Lagos consiguió prestigio internacional para Chile negándose a apoyar la invasión de Estados Unidos a Irak. Hoy nuestro representante en la ONU no tiene el mismo aval. “A la hora de las negociaciones de resoluciones en las que Chile esté metido, las relaciones personales y el respeto mutuo entre los embajadores sí importa. Aunque uno cree que la política exterior de los Estados es sólo una proyección directa del país, los individuos pueden marcar una gran diferencia a la hora de las negociaciones, haciéndolas fáciles o difíciles”, asegura un ex funcionario de la Cancillería.
Además, durante los próximos dos años Chile preside el Grupo de Río, que funciona como un sub-grupo dentro de la ONU y al que acaba de ingresar Cuba el año pasado. El país que preside actúa como coordinador de los documentos que los miembros deciden sacar ante eventos relevantes, dentro de los cuales podría estar la situación del disidente cubano Guillermo Fariña. Está por verse cómo actuará Chile para levantar una postura sin que las fricciones obvias puedan dañar las relaciones con los países que conforman el grupo.
Todos son escenarios posibles en una misión que Octavio Errázuriz acaba de empezar. Por lo mismo José Rodríguez Elizondo sugiere cautela. “Mientras no se demuestre que el Sr. Errázuriz fue responsable directo de actos atentatorios contra los Derechos Humanos, debo mantenerle el mismo respeto que a los demás diplomáticos de carrera, que sirvieron en el contexto de la dictadura”.
Impuesto a las utilidades de los bancos
Hernán Calderón R.
Pdte. Conadecus
El martes 29 de marzo recién pasado la superintendencia de bancos a informado que las utilidades de la banca crecieron un 84,3 % en el primer bimestre de este año, con ganancias en los dos primeros meses por 265.140 millones de pesos( 500 millones de dólares), esta actividad ha obtenido prerrogativas de las autoridades a través de leyes y decretos para cobrar intereses considerados en cualquier parte del mundo como usura, cargos por mantener cuentas de ahorro y corrientes, bajos impuestos a sus utilidades etc., en consecuencia no se podía esperar otro resultado, estas instituciones que tienen como principio lucrar y obtener las mayores utilidades posibles, sin importarles la situación del país y menos de los consumidores.
Los bancos Santander y Chile, instituciones que recaudaron los aporte ciudadanos a la teletón para la reconstrucción, obtuvieron utilidades de 256 millones de dólares, equivalente a mas 5 teletones en dos meses ¿cuanto fue el aporte de estos bancos a la teletón para la reconstrucción?, si proyectamos esta cifra por el año los bancos obtendrán utilidades sobre los 3.000 millones de dólares, la banca el año recién pasado ha pesar de la crisis económica obtuvo utilidades por 2.500 millones de dólares, esto es una vergüenza para un país como chile con tantas carencias y desigualdades, con una situación de crisis de la cual todavía no logramos salir y con la reconstrucción de las zona afectadas por el terremoto por delante.
El banco central bajo la tasa de política monetaria a 0.5%, el nivel mas bajo en su historia, lo cual significa que el costo de dinero es prácticamente cero, esto rebela que los bancos no traspasaron las rebajas de la tasa de interés a los consumidores, y les permitió aumentar las utilidades a pesar de la crisis económica, a esto agregamos la falta de voluntad política de las autoridades para cambiar la tasa de interés máxima convencional que hoy es de 50%, sobre el interés corriente que se cobra en los créditos de consumo, tarjetas etc., que se ha mantenido inalterable desde el año 1966, las asociaciones de consumidores han pedido en forma permanente su modificación, este es uno de los factores que han generado el sobreendeudamiento de los consumidores.
Hoy una de las tareas prioritarias es la reconstrucción, y es necesario que el gobierno y parlamentarios tomen medidas económicas para enfrentar esta emergencia, que no afecten a los consumidores, y tomen nota de la tendencia de los países desarrollados como Francia, Alemania entre otros, quienes recientemente aplicaron impuestos a los bancos para enfrentar la crisis económica y situaciones de emergencia.
Hoy es necesario que se modifique la tasa máxima de interés convencional, lo cual permitiría a los consumidores endeudarse a menor costo en créditos de consumo y puedan enfrentar la reconstrucción, y se aumente el impuesto a las utilidades de los bancos de un 10% a lo menos, lo cual permitiría recaudar aproximadamente mas de 300 millones de dólares proyectando las utilidades obtenidas en los 2 primeros meses, esta son medidas que junto con el royalty a la minería significarían un aporte importante a la reconstrucción del país, de quienes siempre han obtenido utilidades por los beneficios de las políticas con parámetros economicistas de nuestras autoridades, en que los únicos beneficiados son los grandes conglomerados económicos.
Los nexos del Gobierno con las empresas de la reconstrucción
Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER
1 de Abril de 2010
El primer desembolso del plan de reconstrucción “Manos a la obra” se asignó a dedo. Son $8 mil millones que se repartirán entre tres grandes cadenas de materiales de construcción. No hubo licitación y tampoco se invitó a otras empresas del rubro que, con sus reclamos, obligaron al gobierno a cambiar de planes y anunciar que se enviarían nuevos fondos para que las ferreterías locales pudieran participar. Eso no cambia la decisión inicial que beneficia a Construmart, Easy -propiedad de Cencosud, donde el ministro de Minería, Laurence Golborne, fue gerente corporativo hasta el año pasado- y Sodimac. Uno de los propietarios de esta última es Dersa, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, era vicepresidente hasta hace un mes y tenía una inversión de más de $5 mil millones. Otro de los accionistas es Bethia, la sociedad de Liliana Solari que la semana pasada se adjudicó la mayor parte del paquete accionario que Piñera mantenía en LAN.
Se cumplía justo un mes del terremoto cuando el Presidente Sebastián Piñera, en su última visita a la Octava Región, anunciaba el programa gubernamental Manos a la obra, mediante el cual se destinaría un fondo de $8.000 millones para la reconstrucción de las zonas más afectadas del país. Pero no dijo nada sobre cómo se iba a implementar. Cuatro días más tarde, Radio Bío Bío informaba que tres grandes cadenas de materiales para la construcción serían las encargadas de proveer los materiales necesarios a los municipios: Homecenter Sodimac, Easy y Construmart.
El gobierno justificó la decisión por el tamaño de las compañías y la rapidez con que podían repartir los materiales para la tarea de emergencia. Sin embargo, no se explicó la ausencia de otras cadenas relevantes, como MTS o Chilemat. Por supuesto, el anuncio provocó el inmediato reclamo de los dueños de las pequeñas y medianas empresas, principalmente de las zonas devastadas, que podrían haber participado en una eventual licitación. Acusan que el mecanismo empleado es discriminatorio y que no se condice con el discurso gubernamental de apoyo al sector que representan. Y aseguran que están en condiciones de suministrar los insumos a los municipios de las zonas afectadas que los requieran.
Ante el aumento de las críticas, el gobierno tuvo que reaccionar con un plan B. El jueves 1 anunció que se transferirían fondos para que las intendencias compraran más materiales a las ferreterías locales: “Escuché el planteamiento de las ferreterías regionales y me pareció sensato. Cuando las cosas son sensatas, cuando van en la línea correcta, no nos demoramos tiempo y tomamos las decisiones en forma inmediata”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La decisión no influye en el convenio con las tres grandes cadenas, dos de las cuales han estado estrechamente ligadas a autoridades del gobierno en los últimos años. Y una de ellas, de cierta forma, en las últimas semanas.
Las antiguas empresas de los ministros
El sábado 6 de marzo, Sodimac donó públicamente mil millones de pesos en la cruzada a nivel nacional Chile ayuda a Chile. Luego puso en pie una campaña que consistía en que por cada ladrillo que se comprara en sus tiendas, la empresa pondría otro para la reconstrucción. Ahora, por el convenio del programa Manos a la obra, sus ganancias serán cercanas a los $2.666 millones.
Lo que no se ha dicho es que hasta sólo días antes de que asumiera en su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno invertía indirectamente en Sodimac, empresa de la que era director. Al mismo tiempo era vicepresidente del Grupo Dersa, que según la memoria del año 2008 de la firma mantiene el 22,31% de su capital social. Además, en 2008 Sodimac se fusionó con la gigante del retail Falabella.
El 11 de marzo, el mismo día del cambio de mando, el Diario Oficial publicó la desvinculación que Moreno hizo de Inversiones Dersa Tacas Tres Ltda., una sociedad que nació de una división de Dersa S.A. en octubre del año pasado y que es parte del grupo de accionistas de S.A.C.I. Falabella. En ese movimiento, Moreno retiró la suma de $5.802.856.219.
Por otro lado, la empresa Falabella-Sodimac también se ha visto vinculada en las últimas semanas, aunque no con el gobierno, sí con el Presidente. El Grupo Bethia, ligado a la accionista de Falabella Liliana Solari, fue el que compró la semana pasada el 99,9% de los derechos de Axxion, una de las dos sociedades a través de las cuales Sebastián Piñera mantenía sus acciones de LAN. Según la memoria de 2008 de Sodimac, ese mismo grupo posee el 12,61% de su capital social.
El otro ministro que ha estado ligado a las empresas designadas para la reconstrucción es el titular de Minería, Laurence Golborne. Gran parte de su carrera profesional ha estado ligado al holding Cencosud, propietario de Easy, donde fue la mano derecha del empresario Horst Paulmann. En diciembre de 2008 presentó su renuncia como gerente general corporativo ante el directorio de Cencosud, aunque ésta se hizo efectiva recién al finalizar enero de 2009.
La expansión de Chicharro
Construmart, antes de ser Construmart, era Chicharro S.A. Es la tercera de las tres grandes cadenas que se adjudicaron directamente el programa de reconstrucción del Gobierno y la única que no registra ningún tipo de vínculo con sus miembros.
Nació en 1986, bajo el nombre de Calixto Chicharro S.A. y un capital que sus socios, Oscar Legarreta Ruiz y Calixto Chicharro e Hijo Ltda., fijaron en $45 millones. Cinco años después, ese monto se había multiplicado hasta llegar a los mil millones de pesos. Desde entonces, la empresa fue en franco crecimiento.
Para 1995, cuando cambió su nombre a Chicharro S.A., la empresa ya contaba con más de $2.000 millones de patrimonio. Tres años después, luego de fusionarse con Comercial Eguiguren S.A. y Comercial Corbella Ltda., se convirtió en Construmart S.A. En 2006, cuando se dividió por segunda vez, quedó con un capital superior a los $34 mil millones, después de reducirlo para otorgar parte a la sociedad que nacía: Construmart Emprendimientos S.A. Actualmente, según su sitio web, con 28 sucursales (tanto de tiendas Construmart como Ferrexperto) tienen presencia en 11 de las 15 regiones del país
El terremoto y la incompetencia militar
Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER
1 de Abril de 2010
Se cumplía justo un mes del terremoto cuando el Presidente Sebastián Piñera, en su última visita a la Octava Región, anunciaba el programa gubernamental Manos a la obra, mediante el cual se destinaría un fondo de $8.000 millones para la reconstrucción de las zonas más afectadas del país. Pero no dijo nada sobre cómo se iba a implementar. Cuatro días más tarde, Radio Bío Bío informaba que tres grandes cadenas de materiales para la construcción serían las encargadas de proveer los materiales necesarios a los municipios: Homecenter Sodimac, Easy y Construmart.
El gobierno justificó la decisión por el tamaño de las compañías y la rapidez con que podían repartir los materiales para la tarea de emergencia. Sin embargo, no se explicó la ausencia de otras cadenas relevantes, como MTS o Chilemat. Por supuesto, el anuncio provocó el inmediato reclamo de los dueños de las pequeñas y medianas empresas, principalmente de las zonas devastadas, que podrían haber participado en una eventual licitación. Acusan que el mecanismo empleado es discriminatorio y que no se condice con el discurso gubernamental de apoyo al sector que representan. Y aseguran que están en condiciones de suministrar los insumos a los municipios de las zonas afectadas que los requieran.
Ante el aumento de las críticas, el gobierno tuvo que reaccionar con un plan B. El jueves 1 anunció que se transferirían fondos para que las intendencias compraran más materiales a las ferreterías locales: “Escuché el planteamiento de las ferreterías regionales y me pareció sensato. Cuando las cosas son sensatas, cuando van en la línea correcta, no nos demoramos tiempo y tomamos las decisiones en forma inmediata”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La decisión no influye en el convenio con las tres grandes cadenas, dos de las cuales han estado estrechamente ligadas a autoridades del gobierno en los últimos años. Y una de ellas, de cierta forma, en las últimas semanas.
Las antiguas empresas de los ministros
Lo que no se ha dicho es que hasta sólo días antes de que asumiera en su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno invertía indirectamente en Sodimac, empresa de la que era director. Al mismo tiempo era vicepresidente del Grupo Dersa, que según la memoria del año 2008 de la firma mantiene el 22,31% de su capital social. Además, en 2008 Sodimac se fusionó con la gigante del retail Falabella.
El 11 de marzo, el mismo día del cambio de mando, el Diario Oficial publicó la desvinculación que Moreno hizo de Inversiones Dersa Tacas Tres Ltda., una sociedad que nació de una división de Dersa S.A. en octubre del año pasado y que es parte del grupo de accionistas de S.A.C.I. Falabella. En ese movimiento, Moreno retiró la suma de $5.802.856.219.
Por otro lado, la empresa Falabella-Sodimac también se ha visto vinculada en las últimas semanas, aunque no con el gobierno, sí con el Presidente. El Grupo Bethia, ligado a la accionista de Falabella Liliana Solari, fue el que compró la semana pasada el 99,9% de los derechos de Axxion, una de las dos sociedades a través de las cuales Sebastián Piñera mantenía sus acciones de LAN. Según la memoria de 2008 de Sodimac, ese mismo grupo posee el 12,61% de su capital social.
El otro ministro que ha estado ligado a las empresas designadas para la reconstrucción es el titular de Minería, Laurence Golborne. Gran parte de su carrera profesional ha estado ligado al holding Cencosud, propietario de Easy, donde fue la mano derecha del empresario Horst Paulmann. En diciembre de 2008 presentó su renuncia como gerente general corporativo ante el directorio de Cencosud, aunque ésta se hizo efectiva recién al finalizar enero de 2009.
La expansión de Chicharro
Construmart, antes de ser Construmart, era Chicharro S.A. Es la tercera de las tres grandes cadenas que se adjudicaron directamente el programa de reconstrucción del Gobierno y la única que no registra ningún tipo de vínculo con sus miembros.Nació en 1986, bajo el nombre de Calixto Chicharro S.A. y un capital que sus socios, Oscar Legarreta Ruiz y Calixto Chicharro e Hijo Ltda., fijaron en $45 millones. Cinco años después, ese monto se había multiplicado hasta llegar a los mil millones de pesos. Desde entonces, la empresa fue en franco crecimiento.
Para 1995, cuando cambió su nombre a Chicharro S.A., la empresa ya contaba con más de $2.000 millones de patrimonio. Tres años después, luego de fusionarse con Comercial Eguiguren S.A. y Comercial Corbella Ltda., se convirtió en Construmart S.A. En 2006, cuando se dividió por segunda vez, quedó con un capital superior a los $34 mil millones, después de reducirlo para otorgar parte a la sociedad que nacía: Construmart Emprendimientos S.A. Actualmente, según su sitio web, con 28 sucursales (tanto de tiendas Construmart como Ferrexperto) tienen presencia en 11 de las 15 regiones del país
El terremoto y la incompetencia militar
Con el nombramiento de Oscar Izurieta, el gobierno acaba de entregar a un militar el control de los instrumentos civiles para ordenar las funciones profesionales de estos y hacer control de planificación y eficiencia. Es decir, estamos peor que antes, con unas Fuerzas Armadas definitivamente corporativas y sin mayor control.
La decisión de Sebastián Piñera de nombrar a Oscar Izurieta Ferrer, Comandante en Jefe del Ejército hasta hace 20 días, como Subsecretario de Defensa, cierra el círculo de la incompetencia civil militar luego de veinte años de gobiernos democráticos en Chile. Devuelve el control de la defensa a los militares y consagra definitivamente la irresponsabilidad del mando superior como norma de comportamiento en las estructuras castrenses.
Chile se ha visto afectado de manera brutal por un hecho de la naturaleza, uno de cuyos resultados más profundos en materia de gobierno es que el país quedó sin mando estratégico por más de 48 horas. Tal situación es el resultado no del terremoto sino de la imprevisión y la incompetencia de quienes están obligados por sus funciones a brindar tal servicio. Y de eso en parte importante son responsables de manera conjunta las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Es verdad que lo ocurrido fue un hecho de fuerza mayor de dimensión imprevisible. Pero demostró que la calidad de alistamiento o pronta respuesta de nuestras fuerzas de seguridad estaba muy por debajo de lo esencial. En especial para mantener comunicado y funcionando al “núcleo vital” como le llama el primer Libro de la Defensa Nacional al territorio ubicado entre la IV y la X Regiones, siguiendo la doctrina militar chilena
También es cierto que la primera respuesta debía provenir del Ministerio del Interior. Pero superado este por la dimensión del siniestro, automáticamente debía haberse activado el plan de seguridad estratégica de las Fuerzas Armadas. Lo que no ocurrió porque evidentemente no existe, al menos en el modo en que se requiere.
Después de ocurridos los hechos hemos visto una ronda de explicaciones donde cada una de las instituciones políticas o militares involucradas directamente ha tratado de mostrar que su responsabilidad está a salvo frente a los hechos, o que es sumamente acotada a situaciones técnicas totalmente entendibles en la situación vivida, y atribuibles solo a los niveles inferiores de la institución.
Jugando con soldaditos de plomo
Algunas declaraciones del ministro de Defensa del momento, Francisco Vidal – ahora flamante asesor del Comandante en Jefe del Ejército- fueron lamentables. Se paseó por los canales de televisión con la anécdota de ciertos helicópteros listos a despegar pero que no tenían pilotos pues estos vivían al otro lado de un río cuyo puente se había caído por efectos del terremoto. Cosas como esas, dijo, explican la tardanza de despliegue operativo.
En su infinito desconocimiento de los temas militares, el actual asesor ignora que cada unidad militar está obligada a revisar periódicamente su capacidad de agrupar a su contingente simulando situaciones de emergencia. Eso se llama ejercicio de enlace, y es la base para una respuesta operacional lo más rápida posible y corregir problemas como la anécdota que cuenta. Los resultados de cada unidad son reportados al mando superior, que hace los controles de alistamiento y fija los criterios y metas operacionales.
El ex ministro, en vez de anécdotas, debería haber informado a la opinión pública si pidió esos antecedentes al mando militar, y si la responsabilidad de este está a salvo en la materia. Pues si la respuesta es lenta y descoordinada la responsabilidad no es sólo de los pilotos que tienen obligación de facilitar el enlace sino también del jefe de la unidad respectiva, y por supuesto de los que hacen la planificación global.
No es raro que nunca se haya referido a temas de control. En los últimos seis meses de su cargo solo se reunió en tres oportunidades con todos sus subsecretarios, dos de ellas para pedirle un cheque por quinientos mil pesos cada vez para la campaña de Eduardo Frei. Y en los días del terremoto solo citó al Subsecretario de Guerra. Es decir no hubo manejo de crisis en el Ministerio de Defensa.
La mala memoria
Los olvidos del ex ministro Vidal abarcan incluso el hecho de que el ejercicio de enlace fue una rutina mal usada por Augusto Pinochet en la década de los 90 del siglo pasado cuando retomó el cargo de Comandante en Jefe del Ejército. En una clara transgresión de los reglamentos militares, la uso para amedrentar al poder civil, ordenándola como un ejercicio global que provocó alarma pública, y sin avisar a las autoridades civiles. En esa época Oscar Izurieta era Comandante del Regimiento de Infantería Nº 8 “Tucapel” en Temuco.
La pregunta en este punto específico es ¿se ha corregido la situación y hoy el ejercicio de enlace es una rutina altamente profesionalizada dentro de las Fuerzas Armadas o es algo feble como la anécdota exculpatoria del ex ministro Vidal? Es decir, ¿no se hace y por eso los pilotos se quedan al otro lado del río?
La respuesta es muy necesaria pues se refiere al funcionamiento profesional de las Fuerzas Armadas las que deben dar garantías de eficiencia en circunstancias como las vividas, lo que, lamentablemente, está en entredicho.
La elusión de responsabilidades en temas netamente profesionales por parte de los altos mandos de las instituciones militares chilenas se ha ido repitiendo de manera reiterada.
En el caso del sismo reciente, la responsabilidad de la Armada ha terminado con la carrera del Director del SHOA y del oficial que estaba de guardia en ese servicio la noche del terremoto. Todo el resto de los daños, que implican incluso la desbandada de gente de la Armada en la zona al momento del sismo y el no funcionamiento de muchos protocolos de seguridad de la institución, han quedado para una rectificación del mismo Comandante en Jefe que debía asegurar que ello no ocurriera.
No es un problema de justicia o injusticia que él deba renunciar, es un problema de la imagen y funcionamiento de la institución. No es el SHOA el que está mal, algo no está funcionando en la institución, y si se quiere corregir, primero hay que hacer efectiva la responsabilidad del mando. Así funcionan las instituciones militares.
La llamada tragedia de Antuco de otoño de 2005, que significó la muerte de 45 conscriptos del regimiento de los Ángeles en la VII Región terminó en una condena por cuasi-delito de homicidio reiterado del mayor Patricio Cereceda y del comandante Luis Pineda, mandos inmediatos en la zona, por no actuar con la “diligencia debida” para evitar la tragedia. El comandante en Jefe del Ejército de la época, Juan Emilio Cheyre, no asumió ninguna responsabilidad de mando. En su opinión no era su institución la que tenía problemas con el hecho de que un grupo de niños, sin entrenamiento previo, terminaran muertos por falta de equipos y por la estupidez del mando inmediato nombrado por él. El problema, inferido de su actitud y conducta, no lo incluía.
La incompetencia civil
Lo más grave es que detrás de estos hechos siempre ha habido un poder civil incapaz de exigir responsabilidades y aplicar una conducción política efectiva. Si bien no se dedicó a contar anécdotas, Jaime Ravinet, entonces ministro de Defensa de Ricardo Lagos y ahora de Sebastián Piñera, brilló por su ausencia, excepto para anunciar que “aquí va a haber una investigación, y el Comandante en Jefe está muy consciente de que aquí hay responsabilidades que deben ser investigadas”.
Tanto en el caso de Antuco como ahora en el del SHOA se encargó la investigación y la determinación de responsabilidades al mismo Comandante en Jefe, que debiera haber renunciado a su cargo por lo ocurrido.
Luego de la designación de Oscar Izurieta como Subsecretario de Defensa, el Ministro Jaime Ravinet informó a la opinión pública que el Presidente le había encargado a las Fuerzas Armadas formular un plan de emergencia nacional dentro de los próximos treinta días. Es decir, ¿el mismo o similar grupo de militares y civiles que fueron incapaces en todos estos años, como comandantes en jefe, ministros de Defensa o asesores, de prever un mecanismo de gestión estratégica para situaciones de emergencia en el país van ahora, sin que medie una explicación ni investigación de nada, a encontrar una solución en treinta días?
El gobierno debiera percibir que desde el punto de vista estratégico la situación es bastante más grave de lo que parece. El país ha gastado varios miles de millones de dólares que no se justifican dado el papelón que se pasó en materia de comunicación estratégica.
La falla está en la interoperatividad y en la planificación conjunta de nuestras Fuerzas Armadas. La decisión del gobierno de Michell Bachelet de mantener el cargo de Comandante en Jefe en cada una de las ramas al momento de crear la función de Jefe del Estado Mayor Conjunto, mató la posibilidad de mejorar un sistema de mando integrado.
Con el nombramiento de Oscar Izurieta, el gobierno acaba de entregar a un militar el control de los instrumentos civiles para ordenar las funciones profesionales de estos y hacer control de planificación y eficiencia. Es decir, estamos peor que antes, con unas Fuerzas Armadas definitivamente corporativas y sin mayor control.
Financiando la reconstrucción.
Un debate fuerte es el de los costos y el financiamiento de la reconstrucción. Es necesario sacar cuentas y mejorar el control de la eficiencia del gasto militar para que lo ocurrido no se transforme en una nueva lista de supermercado, más amplia que la comprada en años anteriores, que evidentemente nos llevó a adquirir cosas inservibles. Con el valor de un F-16 podríamos tener una red relativamente segura de comunicación para emergencias. Con el valor de un submarino Scorpene tendríamos una red básica de hospitales móviles.
Pero no se trata solo de ahorro sino también de eficiencia de inversión. Lo más probable es que debamos tener un servicio de guardacostas y no utilizar a la Armada para el control del borde costero; seguramente deberíamos fusionar en una sola entidad el SHOA de la Armada, el Servicio Fotoareogramétrico de la FACH y el Instituto Geográfico Militar. Necesitamos aviones de transportes, materia en la que estamos pendiendo de un hilo. Necesitamos telecomunicaciones.
También necesitamos fuerzas armadas profesionales y no políticas, que sean eficientes y respeten la subordinación al poder civil. Y eso puede ser parte de la reconstrucción, evitando que la carrera militar termine en cargos políticos.
El comandante de la FACH, Ricardo Ortega, tuvo un rasgo político de insubordinación y falta de respeto frente a Michell Bachelet cuando todavía era Presidenta, al referirse a que tenía aviones listos sin nada que transportar.
Exactamente de eso trata esta columna, de la incapacidad del mando superior actual de las Fuerzas Armadas de prefigurar una capacidad de respuesta para una situación de emergencia como la vivida, y quedarse inmóvil, sin saber qué hacer. Lo declarado por el general tiene un nombre en las instituciones militares: falta de iniciativa y liderazgo. A declaración de parte, relevo de pruebas.
El gobierno debiera percibir que desde el punto de vista estratégico la situación es bastante más grave de lo que parece. El país ha gastado varios miles de millones de dólares que no se justifican dado el papelón que se pasó en materia de comunicación estratégica.
26 de Marzo de 2010
Opinión
El Mostrador
Desorientados
El regreso de la derecha al poder ha sido más accidentado de lo esperado. Dilaciones, errores infantiles, cargos vacantes y cacofonías varias han caracterizado las primeras semanas del nuevo gobierno. Esto, en principio, no tendría nada de raro: si alguna vez alguien pensó que para hacerse cargo del aparato público bastaba con buena voluntad y experiencia empresarial, estaba muy equivocado. Tomarle el pulso a la nueva situación puede tomar semanas, o quizás meses. En ese sentido, la dificultad pasa más bien por las expectativas creadas por el propio gobierno. Luego de tanto agitar la bandera de la excelencia y de la nueva forma de gobernar, los resultados no están a la altura de lo ofrecido.
En cualquier caso, ha quedado claro lo siguiente: es muy fácil criticar desde la oposición, pero un poco más complejo es asumir las responsabilidades desde dentro. Sin ir más lejos, la derecha hoy guarda silencio frente a lo que ayer la escandalizaba. Por dar un solo ejemplo, los mismos que ayer incriminaban el cuoteo hoy lo exigen por la prensa sin ningún pudor. Por su lado, la Concertación muestra una preocupación extrema por todos los detalles allí donde hizo la vista gorda durante veinte años. Estas lamentables actitudes dejan ver la escasa coherencia de nuestros políticos, siempre tan apurados para ver la paja en ojo ajeno. Parecen no darse cuenta de que al actuar así pierden la poca credibilidad que les va quedando.
Con todo, la pregunta que sigue abierta es saber cuánto demorará el nuevo gobierno en ordenarse y tomar el control de la situación política. Hasta ahora, el oficialismo ha sido mucho más reactivo que activo y la agenda se le va de las manos con demasiada facilidad, lo que no deja de ser extraño en una administración que recién comienza. Por cierto, la demora en la venta de Lan ―que generó una polémica tan predecible como evitable― es el caso más simbólico, pero está lejos de ser el único.
Es obvio que nada de esto es irrevocable, pues el gobierno lleva muy poco tiempo como para sacar ningún tipo de conclusión. Además, basta recordar el lamentable comienzo del sexenio de Lagos para saber que las cosas pueden cambiar si hay voluntad política eficaz. No obstante, eso no impide que haya interrogantes sin resolver, y varias de ellas podrían haber sido resueltas antes del 11 de marzo. En varios sentidos, el gobierno de Piñera sigue siendo una gran incógnita. Desde luego, una de las interrogantes tiene que ver con los conflictos de interés. Mientras Piñera no se desprenda de Chilevisión y de Colo Colo, tendrá un peligroso flanco abierto -y en política más vale cerrarlos. Otra pregunta abierta guarda relación con la UDI, el principal partido de gobierno. Piñera no logra encontrar un modus operandi que le permita anticipar los conflictos, y así la tensión sólo puede ser creciente. El presidente debe buscar un equilibrio, y ambas partes deben estar dispuestas a ceder: ni la UDI puede mantener esa especia de chantaje constante sobre el gobierno, ni el mandatario puede ignorar que se trata de un partido indispensable para su propio éxito. Otra cuestión relevante es el orden interno del gobierno: aún no se sabe muy bien cómo está organizado, ni qué rol cumple cada cual, y ni hablar de una delimitación clara de responsabilidades. A veces pareciera que están todos sumidos en una precipitación continua que les impide reflexionar y tomar distancia de su propia acción: así es difícil evitar los errores. El estilo del propio Presidente no contribuye, pues le cuesta delegar y concentra en sus manos todas las decisiones. Naturalmente, eso le deja poco espacio a los ministros para ir tomando confianza. Un poco por todo esto, no hemos visto hasta ahora una conducción nítida ni un liderazgo claro. Tampoco hemos visto un discurso más o menos coherente que cohesione las propias filas, y ni siquiera el terremoto ha servido para elaborar un relato que le de sentido al activismo febril.
Es cierto que es muy pronto para establecer juicios definitivos. También es cierto que la oposición no lo hace mucho mejor, y el presidente del senado se encarga de recordarnos todos los días cuán lejos está la Concertación de comprender su derrota. No obstante, sería peligroso olvidar que cuatro años pasan muy rápido: los minutos que se están desperdiciando valen oro.
El estilo del propio Presidente no contribuye, pues le cuesta delegar y concentra en sus manos todas las decisiones. Naturalmente, eso le deja poco espacio a los ministros para ir tomando confianza
24 de Marzo de 2010
Senador Zaldívar apunta a elusión tributaria de Piñera por venta de acciones de LAN
El Mostrador
Dura crítica de la oposición
La fórmula escogida por el Presidente para desprenderse de las acciones de la línea aérea no dejó a nadie indiferente dentro de la oposición, siendo el senador DC el más duro respecto a sus cuestionamientos, ya que aseguró que este sistema ahorraría entre 50 y 90 millones de dólares. Dijo que se ha buscado una figura jurídica para no pagar impuestos.
El senador democratacristiano, Andrés Zaldívar, aseguró que Sebastián Piñera aún mantiene el conflicto de interés a pesar de la compra de los papeles, por parte del holding liderado por una socia de Falabella, del 8% de acciones de Piñera en la línea aérea.
El legislador opositor dijo que el conflicto se mantiene, debido a que los cuestionamientos tributarios, o un eventual dictamen si debió pagar o no esta suma corresponden a Impuestos Internos, organismo cuyo director es nombrado por el jefe de Estado al ser un cargo de confianza.
En todo caso, Zaldívar aseguró que “si hay una ganancia capital está afecta a impuesto”.
“O sea, se ha hecho una elusión, se ha buscado una figura jurídica para no pagar el impuesto y lo delicado en esto es que quien podría hacer esa interpretación es el director de Impuestos Internos y éste fue nombrado por el propio Presidente, es una persona de su absoluta confianza”, denunció.
Explicó que con este sistema elegido para desprenderse de los papeles, Piñera se estaría ahorrando entre 50 y 90 millones de dólares.
Agregó que al tratarse de un tema fundamenta, este debe ser aclarado “por la propia imagen del Presidente”, añadiendo que “lo delicado es que quien podría hacer la interpretación de si procede o no el impuesto es el director del SII que fue nombrado por el Presidente, que es una persona de su confianza”.
Según Zaldívar “en el mundo de los negocios eso se hace, pero es una figura que es conflictiva”.
Este miércoles, la Superintendencia de Valores y Seguros anunció que Bethia S.A. grupo que controla Falabella, adquirirá el 99 por ciento de la sociedad inversora Axxión, haciéndose así con el ocho por ciento de las acciones de Piñera en LAN.
El tres por ciento restante se irá a remate abierto a la Bolsa de Comercio este jueves.
Las críticas al oportunismo de Piñera
Para el timonel socialista, Fulvio Rossi, la venta de acciones de LAN era un paso esperado, pero fustigó duramente la espera para el “mejor momento y más encima haya vendido Axxion ahorrándose 50 millones de dólares por concepto de impuestos.
“Por un lado qué bueno que haya vendido las acciones y haya cumplido con un compromiso, porque el presidente solo debe preocuparse del interés general y no de intereses particulares y tampoco puede abstenerse de tomar decisiones porque es presidente de la República. Y por otro lado, esto deja en claro de que esperó el mejor momento en cuanto pudiese vender Axxion para no pagar impuestos. Ojala hubiese pagado impuestos porque esa plata harto que habría servido, tratándose de que son millones de dólares, en estos tiempos cuando hay una reasignación presupuestaria que está afectando a los más pobres de las regiones no afectadas por el Terremoto”, indicó.
En tanto, el diputado DC, Jorge Burgos, también hizo ver el ahorro en pago de impuesto de Piñera.
“Está dentro de la decisión de quienes están en los negocios ese tipo de cosas, pero no le habría venido mal al Fisco de Chile haber recibido del orden de unos 50 millones de dólares que, según me dicen, calculaban del punto de vista de los ingresos tributarios”, detalló.
Socia de Falabella adquiere el 8% de acciones de Piñera en LAN
El grupo Bethia, encabezado por Liliana Solari, estableció un acuerdo para adquirir el 8% del remanente de acciones que el jefe de Estado tiene de la línea aérea, mientras que los valores restantes se rematarán mañana jueves en la Bolsa, operación con la que se espera recaude unos US$ 193 millones.
La información la entregó este miércoles la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), explicando que el grupo presidido por Liliana Solari, una de las socias de Falabella, comprará Axxion en US$ 425 millones, sociedad de inversiones que hasta hoy tiene el 11,33% de la compañía
24 de Marzo de 2010
Money
Mirko Macari
Director de El Mostrador
“Piñera busca cómo pagar menos impuestos por la venta de LAN pero nos quiere poner royalty a nosotros”, comentaba ayer un ejecutivo del sector minero algo ofuscado. La frase encierra la lógica de negocios que ha acompañado el clima comunicacional de la instalación del nuevo gobierno.
Y es que si esas primeras horas del 11 de marzo dieron la sensación de un Piñera encaramado en lo mejor de su perfil, es decir ejecutivo, veloz y realizador (las chaquetas rojas del Presidente y los ministros visitando la zona cero del terremoto resultaron todo un acierto), a poco andar el tema de las acciones de LAN encorsetó la agenda de La Moneda.
En una suerte de efecto dominó se reflotaron rápidamente en la prensa los otros grandes activos del Presidente, cruzados con el incómodo tópico de los conflictos de interés: Chilevisión y Blanco Negro.
Lo peor para Palacio es que, pese a que se le repitió hasta el cansancio al entonces candidato que esos eran flancos abiertos, la profecía se hizo realidad. La UDI, ofuscada por sus expectativas incumplidas en el nombramiento de ministros, subsecretarios, intendentes y autoridades gubernamentales en general, decidió cobrarse al contado la deuda notificándole a Piñera por los medios y en boca de su presidente, Juan Antonio Coloma, que esto debía resolverse ya, “así de simple y así de exigente”.
La lección de estos primeros días para el debutante inquilino de La Moneda parece ser la de que cuidar con celo su patrimonio es un ejercicio inversamente proporcional al de hipotecar velozmente su capital político. Y con el peligro de que la famosa luna de miel de los primeros meses con la opinión pública sea arrasada como por un tsunami.
Se podrá esgrimir que el asunto está absolutamente chequeado con mil y una encuestas de la Fundación Futuro, y repetir de que para una mayoría de los ciudadanos el tema no es relevante o al menos no es percibido como un impedimento grave para ejercer la Primera Magistratura. Pero el conflicto no es con la ciudadanía, sino con elite, en un país donde esa elite va configurando los contornos de la realidad social y política a sus anchas.
Esa misma elite defendió a Pinochet en su fuero interno contra informes de Derechos Humanos, juicios en Europa y todo tipo de tropelías, pero se divorció anímicamente del general con el tema de las platas del Riggs. El Money parece ser la piedra de tope en la tolerancia de los grupos dirigentes y Piñera se desliza peligrosamente por esa frontera.
Es cierto que puede que algunos grupos están notificando al Presidente de esta debilidad como mecanismo de presión para quedarse con una tajada o bien con toda la torta, principalmente Chilevisión (¡qué sexy es tener un canal de televisión!). Pero el punto es justamente ese: cuando gobernar es comunicar y el control de la agenda es el mayor activo para cualquier staff de asesores, Piñera regala los primeros minutos del partido de manera infantil. Nada que no se pueda revertir en todo caso, a menos que el voluntarismo se imponga una vez más.
23 de Marzo de 2010
El Monumental conflicto de interés
Opinión
El Mostrador
por Claudio Fuentes S.
Colo-Colo es una pasión. Blanco & Negro un negocio. La historia de la relación que ha tenido la institución alba con la política se encuentra bien documentada y se remonta a la pasión algo interesada que sentía Arturo Alessandri Palma por la camiseta colocolina, o la más auténtica devoción de Pedro Aguirre Cerda. También han sido destacadas las cuatro intervenciones para salvar a la institución de la quiebra en 1968, 1980, 1987 y 2002 y en la que connotadas autoridades políticas participaron de su rescate, Pinochet en dictadura y Piñera en democracia.
Sin embargo, es a partir de mediados de esta década cuando ha observado su vuelco más directo con la política y dos actores han sido claves en todo esto: el actual presidente Piñera y el actual subsecretario de Chiledeportes Gabriel Ruiz-Tagle. Blanco & Negro nació en el año 2005 precisamente como una fórmula financiera para salvar al club albo de una de sus peores crisis económicas. A comienzos de julio de 2006, un día después que el equipo se coronara campeón del torneo de apertura local, el actual presidente Sebastián Piñera —hincha de Universidad Católica— realizó la primera compra de acciones de dicha sociedad por un millón de dólares, adquiriendo el 9,37% del paquete accionario. Un año después, incrementaba su participación llegando a concentrar un 13,77% de las acciones.
El otro actor clave es el empresario Gabriel Ruiz-Tagle y su paso por la política no es reciente. A fines de la década de los 1980 fue militante de Renovación Nacional y muy cercano a la candidatura de Hernán Büchi. En el 2005, como militante de la UDI, se convirtió en jefe de la exitosa campaña del actual senador Pablo Longueira. Cumplido ese objetivo, en marzo de 2006, se convirtió en el principal accionista de la sociedad Blanco & Negro y un año después en su presidente por el período 2007-2010.
Así las cosas, hacia fines de 2006 el equipo popular pasaba simbólicamente a manos de la Alianza. Un representante de la UDI y otro de RN controlaban su capital y las decisiones en torno al destino del club y sus negocios.
Tanto Piñera como Ruíz-Tagle decidieron no desprenderse de sus acciones una vez que el primero asumió la Presidencia y el segundo fue convocado para participar de su gobierno, en calidad de subsecretario de Deportes. El conflicto de intereses se hace cada día más evidente, aunque aquello no es reconocido abiertamente. Para Ruiz-Tagle, por ejemplo, “el conflicto de intereses a los que algunas personas se han referido sin ningún antecedente, tiene que ver con la conducta que uno observe en el ejercicio del cargo. Llevo 35 años trabajando y nunca he tenido algún cargo en mi contra por haber hecho algo indebido” (10.03.10).
No obstante, la interpretación de Ruíz-Tagle de lo que constituye un conflicto de interés es equívoca. No se trata que en su pasado, o que incluso en su presente esté haciendo algo indebido. El conflicto de intereses alude a algo distinto: se refiere al compromiso del juicio independiente que una autoridad tiene cuando existen intereses privados que interfieren en su decisión.
Resulta evidente que existe un conflicto de interés entre el ejercicio de un cargo político en el gobierno y mantener acciones de la empresa Blanco & Negro. Quizás el ejemplo más obvio se refiere a las reparaciones del Estadio Nacional que dependen del gobierno. Mientras más se demoren dichas reparaciones, más recursos en arriendo obtendrá el Estadio Monumental (propiedad de Blanco & Negro) y, por lo tanto, mayores serán los beneficios para los accionistas del estadio albo. Independientemente de lo que haga o deje de hacer, al día de hoy el subsecretario Ruiz-Tagle tiene comprometido su juicio sobre el estado de avance de la obra del Estadio Nacional pues tiene intereses privados que potencialmente están interfiriendo en su decisión.
Ruiz-Tagle podrá decir que no tiene nada que ver con las decisiones del club, que tampoco tomará decisiones sobre el Estadio Nacional pensando en las crecientes ganancias para Colo-Colo por el arriendo del estadio a clubes locales y para la Copa Libertadores. Sin embargo, no es lo que diga Ruiz-Tagle lo que importa aquí. Lo relevante es que las decisiones de un club incrementan los dividendos de accionistas que están hoy en el gobierno y que —por esas cosas de la vida— tienen que tomar decisiones sobre el Estadio Nacional. El Monumental se transformó en un conflicto de interés el día en que se decidió arrendar dicho estadio a equipos que juegan en el Nacional.
Mientras Colo-Colo es una pasión, Blanco & Negro es un negocio. Venda Sr. Ruiz-Tagle. Venda Sr. Piñera. La ganancia futura de sus acciones seguramente será menor al costo político que podrían llegar a pagar por aferrarse a sus negocios.
Independientemente de lo que haga o deje de hacer, al día de hoy el subsecretario Ruiz-Tagle tiene comprometido su juicio sobre el estado de avance de la obra del Estadio Nacional pues tiene intereses privados que potencialmente están interfiriendo en su decisión
*Claudio Fuentes Saavedra, Director ICSO, Universidad Diego Portales.
LAN, la política y los valores
EL Mostrador
Daniel Hojman
Académico, Harvard Kennedy School
El terremoto ocurrió doce días antes del cambio de mando. Ese era el tiempo que Sebastián Piñera se había dejado para cumplir con su promesa electoral de deshacerse de LAN y otros negocios. Ha pasado más de una semana desde el cambio de mando, el mercado bursátil no ha dejado de funcionar un solo día. Antes y después del terremoto los valores se han transado sin cesar. Irónicamente, el gobierno ha tratado de justificar el incumplimiento del mandatario apelando a ineficiencias de los privados después del terremoto. Esto no resiste análisis: los conflictos de interés de Piñera han sido criticados por gente de su propio sector por años, no días. La única conclusión posible respecto a la demora en la venta de LAN es que se debe a fluctuaciones desfavorables en el precio de las acciones o a la irresponsabilidad de permitir que estos hechos desvíen la atención de la tragedia que viven millones de compatriotas.
Considerando la situación de los damnificados y el hecho que el gobierno nuevo cuenta con gente que me merece el mayor respeto y admiración, una crítica ligera no se justifica. Sin embargo, el problema del presidente con LAN, es mucho más grave para la sociedad que la pérdida de credibilidad del gobierno y el entorpecimiento de una respuesta eficaz a la emergencia. Cuando el Presidente de la República efectivamente venda sus acciones, el ciclo de noticias y la controversia se orientarán en otra dirección. No obstante, las secuelas de este episodio en la mente y los corazones de los chilenos seguirán presentes por una razón muy simple. No se trata de un hecho aislado. Es uno más en la trayectoria del propio presidente y un adenda a una larga lista de ejemplos similares que involucran a altos líderes políticos de todo el espectro. Piñera tiene una historia de coquetear con la transgresión moral: el “affaire tarjetas” con Ricardo Claro, el caso chispas, las sanciones de la SVS, y rematando con la falta a su promesa de desligarse de sus negocios al asumir la presidencia. Esta debilidad persistente del señor Presidente es particularmente alarmante dada su obvia inteligencia, su capacidad de emprendimiento e innovación tanto en política (ni más ni menos que el líder de la renovación ideológica de la derecha) como en los negocios. No la comparten los mejores estadistas de nuestra historia ni los mejores del club de los países al cual aspiramos a pertenecer.
Me permito hacer explícito los premios que inconsciente o conscientemente un ciudadano común podría asociar a estos coqueteos: Forbes top 500 y la presidencia de la República. El éxito total en el plano material y la cima del poder. Para evitar malentendidos, personalmente creo que estos logros son fruto de principalmente del mérito y que, en política, estas “avivadas” del Presidente han sido más un escollo que un impulso. Pero es preocupante que nuestros hijos perciban que el éxito vaya de la mano de las malas prácticas. Aunque este episodio salta a la vista, es un patrón que no respeta colores políticos. La sucesión acordada la semana pasada para la presidencia del Senado involucra a Escalona (2011) y Girardi (2012). El primero, es el niño símbolo de transformar a los partidos en una bolsa de trabajo donde las lealtades se imponen sobre el mérito, y las reparticiones públicas reemplazan a las grandes alamedas. El segundo ha sido sorprendido por uso indebido de recursos parlamentarios y tráfico de influencias para sancionar un carabinero que lo multó por exceso de velocidad y arrastra el mito urbano de un estilo político de amenazas. Son controladores no de empresas, pero sí de sus partidos. De nuevo, no dudo que hayan sufrido o actuado con nobleza en más de una oportunidad. Al mismo tiempo, son parcialmente responsables de haber expropiado a los ciudadanos de la Concertación de un derecho a la representación adecuada de sus intereses, valores e historia. En la elección pasada, muchos de los que más sufrieron en la recuperación de la democracia, votaron con la dolorosa sensación de haber sido traicionados. Pero una vez más, para no perder el foco: el éxito en política asociado a las malas prácticas. Por eso, los saqueos en camioneta después del terremoto y los conflictos de interés y las ansias de poder, son dos caras de la misma moneda. Son el síntoma que la codicia está instalada en nuestra sociedad y, peor aún, para muchos la transgresión de normas básicas (aquellas que defenderían hasta los liberales puros, los que no creen en la virtud aristotélica o kantiana) se justifica si hacen la diferencia entre ser ganador o un looser.
El frecuente éxito asociado a las malas prácticas en política no es casual. Refleja instituciones políticas antidemocráticas que dificultan y distorsionan la representación ciudadana. El binominal es un tapón para la competencia y suelo fértil para la exclusión. Los partidos políticos, indispensables para la estabilidad de una democracia, son bóvedas que determinan la agenda y los liderazgos a puerta cerrada. Transparencia cero. Pero los malos políticos son también producto de la inercia ciudadana. El terremoto valórico y el debate sobre las malas prácticas son una oportunidad de mejorar la calidad de la política. A pesar que los políticos son los únicos que se ponen las reglas a sí mismos, en definitiva, los medios y los ciudadanos comunes y corrientes son los únicos con la capacidad de monitorear y validar los liderazgos apropiados. No todos los políticos son malos políticos, algunos merecen nuestro respaldo porque encarnan una preocupación y dedicación genuina por el otro. Es responsabilidad de los ciudadanos mantenernos informados y hacernos escuchar.
El frecuente éxito asociado a las malas prácticas en política no es casual. Refleja instituciones políticas antidemocráticas que dificultan y distorsionan la representación ciudadana.
Por qué Piñera no vende aún las acciones de LAN
El Mostrador 22 de Marzo de 2010
Ejecutivos de Celfin desmienten a Von Baer y explican razones del “atraso”
“Piñera no ha vendido estas acciones debido a su bajo precio”, aseguran.
“Quien debe aprobar el precio de venta de las acciones de LAN es Piñera”.
De esta manera un ejecutivo de la corredera de bolsa Celfin Capital, que habló con El Mostrador pidiendo expresamente que su identidad no fuese revelada, se refirió a los dichos de la Vocera de Gobierno, Ena Von Baer, quien señaló que el retraso en la transacción se debía a “situaciones internas de la institución”.
De acuerdo a esta misma fuente, Piñera no concretó la venta de estas acciones porque después del terremoto y maremoto que afectó a nuestro país el pasado 27 de febrero, “las acciones bajaron ostensiblemente su precio, llegando a los 8.800 pesos, mientras que el paquete vendido anteriormente a la familia Cueto fue a 9.099 cada acción, es decir 299 pesos menos por cada una de las acciones”.
Otro ejecutivo de la empresa aseguró a El Mostrador que el retraso también se debe a que Piñera busca un comprador para Axxion, la sociedad dueña de las acciones LAN, también de propiedad del Presidente, ya que al tener un comprador de esta compañía, se evitará pagar impuestos por aproximadamente 50 millones de dólares al Fisco. Y este comprador, hasta el momento, no ha aparecido.
La Ministra Von Baer señaló la semana pasada que “desde el momento en que el Presidente de la República da el mandato de vender, este no es un tema de Gobierno”. Esta afirmación también fue refutada por los ejecutivos de la corredora de bolsa, quienes aseveraron que “el mandato se refiere a la búsqueda de un comprador, pero el precio y las condiciones de venta las define el cliente”.
En Celfin aseguran que ellos se encuentran a la espera de la decisión que tome su cliente, y que la empresa ha cumplido a cabalidad el acuerdo previamente firmado. Celfin Capital es una empresa con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional, por lo que no están dispuestos a ver cuestionada su imagen incluso por el Presidente de la República, quien es amigo de uno de los socios propietarios de la corredora, Jorge Errázuriz.
El periplo de las acciones
En abril del año 2009, el candidato a la presidencia Sebastián Piñera inició su desvinculación del 26,33% de LAN. En ese momento, el ex senador entregó un mandato de análisis y propuestas de alternativas de venta y custodia de inversiones a Celfin Capital.
Debido a un pacto que mantenía con la familia Cueto, la primera oferta fue para ellos. En febrero de este año, el grupo acordó comprar el 8,56% de la aerolínea en US$ 499,6 millones. Con esta operación, los Cueto aumentaron su participación en la aerolínea a 34,06%, convirtiéndose en los nuevos controladores de la compañía.
Días después, Celfin remató un paquete que representaba el 6,44% de LAN y que se encontraban en posesión de Axxion, la sociedad de inversión de Sebastián Piñera.
A través de esta venta, la sociedad del Presidente recibió US$ 374 millones, en el que fue el cuarto mayor remate de títulos que ha vivido la Bolsa de Santiago.
El 26 de febrero las acciones de LAN subían como la espuma, alcanzando los 9.260 pesos por acción, pero a partir de esa fecha el precio comenzó a bajar.
Según trascendidos, el 11,3% de LAN Airlines, que todavía está en manos del Presidente Piñera en la sociedad de inversión Axxion, sería finalmente adquirido por un fondo extranjero.
Piñera busca un comprador para Axxion, la sociedad dueña de las acciones LAN, también de propiedad del Presidente, ya que al tener un comprador de esta compañía, se evitará pagar
impuestos por aproximadamente 50 millones de dólares al Fisco.
Los vínculos de Piñera con las empresas de los edificios dañados: Los hombres del Presidente
Por Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa, CIPER
18 de Marzo de 2010
El terremoto que sacudió a Chile el 27 de febrero pasado aceleró un fenómeno que muchos anticipaban: la inmensa red de inversiones de Sebastián Piñera, su equipo de gobierno en el que priman protagonistas del mundo empresarial y sus estrechas redes de negocios en algún momento le jugarían una mala pasada. Y son algunos de los actores ligados a las edificaciones más dañadas por el sismo quienes ponen al flamante Presidente frente a su segundo conflicto de interés, junto a la aún pendiente venta de todas sus acciones en Lan.
La lista es larga y la encabeza el recién nombrado intendente metropolitano Fernando Echeverría. También aparecen vinculados de distintas formas a las constructoras e inmobiliarias involucradas, el intendente del Maule, Rodrigo Galilea; el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; y sus amigos Carlos Alberto Délano, Andrés Navarro, Ricardo Bachelet y José Cox.
Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera posee un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se ha informado públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña
Piñera sabía que este activo podría significarle un conflicto de interés y en diciembre de 2009 anunció su venta: “Tengo la firme intención de desprenderme de la propiedad o administración de todas las empresas que puedan significar cualquier obstáculo o conflicto de interés con mi vocación de ser un buen Presidente para todos los chilenos: Lan, Chilevisión, Salfacorp, Constructora Aconcagua, Clínica Las Condes”. Hasta ahora, sólo se ha sabido de la venta de una parte de sus activos en Lan y de la totalidad de sus acciones en la última de estas empresas
Los terremoteados negocios del intendente
El edificio Castellón está en la lista de construcciones con “daño estructural severo” y fue evacuado ante el peligro que representa para sus moradores.
Al ser consultado por la prensa esta semana, Echeverría se excusó de responder por los problemas que presentan los edificios de su constructora. Argumentó que antes de asumir en la intendencia renunció a todos sus cargos y por lo tanto no es el “representante autorizado” para hablar del tema. Además, según consignó La Segunda, no quiso pronunciarse sobre las responsabilidades de constructoras e inmobiliarias: “Hoy estamos preocupados de la emergencia, de que haya agua y luz, orden público, de que haya techo… después se investigará si hay o no responsabilidad”.
Esas declaraciones fueron formuladas en el acto en el cual el intendente de Santiago firmó un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) –la misma que él presidió- para que el gremio pusiera a disposición de los municipios a voluntarios que evalúen los daños de las edificaciones capitalinas. Delegó en ellos dicha labor pese a que la mayoría de las constructoras de los inmuebles –quienes eventualmente podrían ser responsables de los daños– son socios de la CChC.
Según dijo Echeverría hace unos días a La Tercera, él nunca pensó en ser intendente, sino que quería ofrecerse como voluntario. En esa misma entrevista anunció que sólo se quedaría un año en el puesto, debido a que su tarea será sólo liderar la reconstrucción regional.
Si bien Echeverría sostuvo que no veía conflicto de interés entre ser intendente de Santiago e inversionista inmobiliario en la misma región, ya antes de asumir debió enfrentar los mismos problemas que preocupan a los propietarios y moradores de los edificios que llevan el sello de Echeverría Izquierdo
El mismo drama viven en Concepción los dueños de los departamentos de Alto Arauco II, donde los gastos de demolición correrían en principio por parte de la municipalidad, dinero que luego les cobrarían a sus propietarios. Los vecinos están estudiando la forma de llevar a la constructora y a la inmobiliaria ante la justicia para que respondan por los daños, porque el edificio se entregó en octubre de 2003, antes de la modificación a la ley que extiende la garantía a fallas estructurales por 10 años.
Echeverría no es el único intendente complicado. Según consignó El Mostrador, su par de la Región del Maule, Rodrigo Galilea, aún no asumía cuando fue abordado por los vecinos de unas casas dañadas que fueron construidas por Galilea S.A., empresa de la que hasta entonces era gerente general
Los socios del presidente
Fernando Echeverría no sólo participó a través de su empresa en la construcción de los edificios de Concepción, sino también se involucró personalmente en la gestión inmobiliaria. La venta del edificio Alto Arauco II estuvo a cargo de Inmobiliaria Purema, sociedad creada en 1997 por Ricardo Bachelet y Echeverría. Ambos formaron también en 2004 la Inmobiliaria Víctor Lamas, firma que vendió los departamentos del Edificio Castellón.
Además de Bachelet, quienes han llevado la interlocución de la empresa con los propietarios del inmueble son José Cox y Felipe Donoso, dueños de la Constructora Alto Arauco. Ellos han viajado a Concepción y también los han recibido en sus oficinas en Santiago, ubicadas en el piso 9 de Apoquindo 3000, el mismo edificio en que tiene sus cuarteles generales empresariales Sebastián Piñera (Bancard, Axxion, Fundación Futuro y Editorial Los Andes).
La locación no es casual. Bachelet y Cox, junto a Ignacio Guerrero son los socios de CMB (domiciliada en el piso 16 del mismo edificio) y a la que también está ligado el nuevo Presidente. Cox y Guerrero son parte del círculo más cercano de Piñera, amigos y compañeros de negocios de toda la vida.
Tampoco era la primera vez que los dueños de CMB y Echeverría Izquierdo hacían negocios juntos. Cox, Guerrero, Bachelet y Piñera se han asociado a la constructora en varios proyectos inmobiliarios, como Plaza Forestal en Recoleta y edificios de departamentos en Vitacura y Las Condes que el diario La Tercera valoró, en total, en US$ 69 millones en 2006.
José Cox también es director de Socovesa, empresa constructora del edificio El Parque de San Miguel, que presentó serios problemas a raíz del terremoto. En el directorio de Socovesa compartía hasta hace poco con Juan Andrés Fontaine, el nuevo ministro de Economía, quien renunció a su asiento el 2 de marzo recién pasado.
Los amigos del presidente
Carlos Alberto Délano y Sebastián Piñera también tienen una historia inmobiliaria común. Además de ser amigos de infancia, ambos empresarios –Choclo y Chatito, como se llaman cariñosamente entre ellos– invirtieron juntos en el edificio Las Américas, en calle Miraflores, una de las primeras torres modernas del centro de Santiago, a fines de los años ‘80. Como casi todos los negocios de Délano y Piñera, la iniciativa fue un éxito. El arquitecto del edificio fue Cristián Boza –artífice de varios proyectos del hoy Presidente–, quien también proyectó el condominio Los Reyes de Huechuraba, otro de los afectados por el terremoto.
El último de los amigos del Presidente cuestionado por la calidad de sus inversiones inmobiliarias es Andrés Navarro. Además de ser accionista de Aconcagua junto a Piñera, aparece como administrador de Inmobiliaria Konhill S.A., que estuvo a cargo de la gestión del Condominio Los Jazmines de Maipú, otro de los inmuebles que resultó dañado en Santiago.
El gobierno ha intentado en estos días dar la señal de que no estará del lado de las empresas. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo el lunes a Radio Cooperativa que las autoridades ayudarían a buscar las responsabilidades entre las empresas que construyeron los edificios en mal estado y de construcción reciente.
Hinzpeter no dijo cómo enfrentará el tema el gobierno. Quienes sí tienen más clara la estrategia que seguirán son los integrantes del estudio jurídico Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter y Jana, que aún lleva su apellido pese a que el ministro del Interior vendió su participación antes de asumir el 11 de marzo pasado. Su ex socio Alejandro Álvarez representa a la inmobiliaria VIVA, responsable de tres edificios dañados, dos en Macul y uno en Ñuñoa.
Ruta directa: De las concesionarias al MOP
“Queremos hablar un poco con el nuevo ministro y con el Presidente Piñera para que todas estas rutas, además de escuelas, hospitales, cárceles y edificios públicos que se cayeron, se concesionen”, dijo el lunes el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública. (COPSA) Herman Chadwick Piñera, primo de Sebastián Piñera.
Al parecer, sus palabras llegaron rápido al Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuyo titular anunció la mañana siguiente el estudio de nuevas concesiones. “El proceso de concesiones ha ayudado al desarrollo del país y creo que podría ayudarnos ahora en la reconstrucción”, dijo a La Segunda el ministro Hernán de Solminihac.
La decisión de concesionar probablemente no tenga nada que ver con la relación familiar entre Sebastián Piñera y el presidente de las concesionarias, sino más bien con que los puestos clave del MOP están ocupados por personeros que hasta ahora estaban estrechamente ligados a COPSA.
La subsecretaria de Obras Públicas, Loreto Silva, no lo menciona en su currículum oficial, pero el sitio web de COPSA la señala como su fiscal. Y el flamante coordinador de Concesiones de dicho ministerio, Mauricio Gatica, fue vicepresidente del mismo organismo gremial y también se desempeñó como gerente general de la concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
Esa relación antigua explica las declaraciones que hizo Herman Chadwick a La Segunda: “El equipo que se ha armado para administrar el MOP y el tema de concesiones es de primer orden, tanto por la incorporación de personas muy buenas, como son los casos de la subsecretaria, el director general de Concesiones y el director general de Obras Públicas, como por la confirmación en sus cargos de personas de primera calidad”.
Sobre Loreto Silva, Chadwick afirmó: “Ella es muy inteligente y sabe mucho”. Y sobre Mauricio Gatica, el nuevo coordinador de Concesiones del MOP, dijo: “Tenemos una excelente impresión de él, y tiene muy claro cómo el sistema de concesiones puede aportar más a la reconstrucción”.
Santiago Time
